En las primeras páginas del
libro: ¡Viva el socialismo!, Piketty ya nos dice cuáles son las líneas de su
pensamiento en los últimos años (2016-2020): “Ahora estoy convencido de que hay
que pensar en la superación del capitalismo, en una nueva forma de socialismo,
participativo y descentralizado, federal y democrático, ecológico, mestizo y
feminista” (p. 14). Su concreción y claridad es plena, no anda con dobleces.
Una de sus principales premisas
se fundamenta en que la desigualdad es esencialmente ideológica y política (no
política o tecnológica); y, ya que la desigualdad es, junto con el cambio
climático, uno de los principales problemas en el mundo actual, es necesario
intervenir nacional e internacionalmente en la construcción de un nuevo modelo
basado en la igualdad y en la sostenibilidad: “Ha llegado el momento de cambiar
el discurso político sobre la globalización; el comercio es algo bueno, pero el
desarrollo sostenible y justo también requiere servicios públicos,
infraestructuras, educación y sistemas de salud, que a su vez exigen impuestos
justos”. (p. 60)
Considera que el proyecto de “Tratado
de democratización de la gobernanza de la zona euro” (T-Dem) puede ser un
camino para conseguir una Europa más democrática y más social. El nuevo Parlamento
de la zona euro proporcionaría un marco más democrático que “haría prevalecer
finalmente una lógica de deliberación pública, pluralista y democrática frente
al culto a las puertas cerradas y la opacidad”. (p. 103)
La mayor parte de libro aborda
cuestiones relacionadas con su país, Francia, pero que nos sirven para poder
reflexionar sobre cómo se pueden afrontar los nuevos retos en el resto de Europa,
y ver las similitudes con el nuestro.
Finaliza con un pequeño análisis acerca
de la pandemia de la Covid-19 y sus repercusiones en la crisis económica, preguntándose
si esa crisis acabará con la globalización mercantil y liberal, lo que
permitiría un nuevo modelo de desarrollo más justo y sostenible; y, planteando si
ello puede ser una oportunidad “para reflexionar sobre una dotación sanitaria y
educativa mínima para todos los habitantes del planeta, financiada por el
derecho universal de todos los países a una parte de los ingresos fiscales soportados
por los agentes económicos más prósperos: las grandes empresas y los hogares
con rentas y patrimonios más elevados”. (p. 270)
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