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martes, 22 de octubre de 2013

Las políticas de salud: anticoncepción y reproducción sexual

En los primeros años de la transición democrática en España un gobierno conservador puso en marcha unos centros de orientación familiar (COF), cuya finalidad era orientar a los individuos, principalmente a las mujeres, sobre los distintos métodos anticonceptivos que podían usarse para planificar el número de hijos. Estos centros, quiero recordar que eran 28 en todo el territorio nacional, funcionaron en mayor o menor grado según el buen hacer o no de los políticos que estuvieran en cada uno de los lugares donde se ubicaban esos centros, así como de la influencia que tuvieran a su vez ciertas asociaciones pro vida, ligadas generalmente a la Iglesia católica. Fueron momentos en que se dependía de la buena voluntad de ciertos políticos y de unos pocos profesionales (ginecólogos, enfermeras, trabajadores sociales), los cuales muchas veces fueron acosados, perseguidos y hasta juzgados y encarcelados. Poco a poco los tiempos iban cambiando, sobre todo con los gobiernos socialistas que hubo desde el año 1982 y los gobiernos autonómicos (de distinta ideología) que ampliaron los objetivos de esos centros, incrementaron el número de ellos y los dotaron con más profesionales. Eran momentos de libertad, acabábamos de salir de una dictadura y los hombres y mujeres de España querían más libertad, y como no podía ser de otra manera, más libertad sexual, donde la moral fanática católica iba quedando relegada, aunque de vez en cuando daba algunos coletazos.
Treinta años después nos volvemos a encontrar con un gobierno conservador que quiere volver a tiempos pasados, los derechos alcanzados están siendo revisados para ser reformados por una legislación pensada más bien en la imposición de una moral fanática a todos los ciudadanos, sin tener en cuenta las ideas, las creencias y la moral de los “otros”. Estamos siendo víctimas de una legislación ideológica religiosa, la Iglesia católica presiona cada día  más al gobierno de Rajoy para imponer su moral a los demás, lo que de entrada es anticonstitucional, y de salida es una política que tiene los días contados, pues la mayoría de los ciudadanos está en contra de esas medidas reformadoras, lo que dará lugar previsiblemente a nuevos motivos de conflicto social.
Las políticas de salud se deben hacer pensando en los derechos de los ciudadanos, no de las creencias, las ideas y la moral de una determinada confesión religiosa. Una mayoría parlamentaria no debe significar un “vale todo”, ha de pensar en la mayoría y en las minorías, ha de hacer políticas, no imponer morales antiguas y reaccionarias por la presión de una organización religiosa.
NO A LA NUEVA LEY DEL ABORTO.

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